El portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes, Gerard Fullana, la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, y la secretaria local de Més Compromís Elx, Míriam Hurtado, han denunciado que el gobierno del PP destinará más de 22 millones de euros públicos en los colegios Aitana de Elx y Altozano de Alicante, vinculados al Opus Dei, y que segregan el alumnado por sexo.
Fullana ha calificado que “es indignante que mientras el profesorado está luchando por unas mejores condiciones para la escuela pública, el gobierno de Pérez Llorca haya creado esta trama de financiación ilegal a centros que incumplen la ley”.
Según los datos recopilados por Compromís a través de la misma Consellería de Educación, el colegio Aitana de Elx mantiene 578 de sus 623 alumnos (92,78%) segregados por sexo, mientras que, en el Altozano de Alicante, la cifra asciende a 558 alumnos de un total de 761 (73,32%). En ambos casos, a partir de segundo de Primaria todo el alumnado es o solo de alumnos en un caso (Altozano de Alicante) o solo de alumnos en el otro (Aitana de Elx).
El colegio Altozano recibirá unos 12,3 millones de euros públicos durante los seis años que dura el concierto que se ha renovado, mientras que Aitana percibirá 10 millones de euros. “En total, 22,3 millones de euros de dinero público destinado a dos centros que, según los datos oficiales, continúan segregando la mayor parte de su alumnado”, ha destacado Gerard Fullana.
Por su parte, Esther Díez ha recordado que “Pablo Ruz, alcalde de Elx, es profesor en el colegio Aitana, por lo cual es imprescindible que exprese su consideración al respecto y tendría que ser especialmente contundente en su respuesta” y ha añadido que “sospechamos que *Ruz preferirá guiarse por su interés particular, por el criterio religioso que tantas veces ha puesto por encima de su papel institucional. Queremos un alcalde comprometido con la enseñanza pública, que reclame responsabilidades ante hechos como estos y que se ponga junto a las demandas que la comunidad educativa está exigiendo en las calles ilicitanos”.
Los representantes de Compromís han destacado que tanto la LOMLOE como la normativa autonómica actual establecen de manera explícita que no se pueden financiar centros que segregan alumnado por sexo. “El PP está intentando manipular la realidad. Durante el Botànic estos conciertos se renovaron por imperativo legal, porque la legislación estatal vigente en aquel momento (la LOMCE) obligaba a hacerlo. Ahora es completamente diferente, porque la nueva ley educativa prohíbe expresamente financiar con dinero público centros que segregan alumnado”, ha remarcado el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana.
Por su parte, Míriam Hurtado ha asegurado que “no podemos permitir que un pilar tan fundamental como la educación continúo segregando por sexo, porque esto amplía la brecha entre hombres y mujeres y reproduce unos roles y estereotipos de género contra los cuales nos está costando mucho luchar”.
Requerimiento prejudicial de Compromís a la consejera Carmen Ortí
Gerard Fullana ha reiterado que “exigiremos la revocación inmediata de estos conciertos educativos y la devolución de ese dinero para las necesidades que tienen las comarcas de Alicante en materia educativa”.
El portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes también ha recordado que “hace una semana enviamos un requerimiento prejudicial a la consejera Ortí y todavía no ha reaccionado”.
Hay que recordar que la actual consejera de Educación ejerció como subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados entre el 1 de junio de 2024 y el 18 de mayo de 2025. Este cargo tiene las competencias directas sobre las autorizaciones de centros privados y conciertos educativos, así como de la financiación de centros concertados. Es decir, Ortí era la responsable directa de tutelar todo el procedimiento administrativo vinculado a los conciertos educativos de estos colegios que segregan por sexo.
El procedimiento de renovación de los conciertos se inició en enero de 2025, cuando la consejera ocupaba todavía el cargo de subdirectora directamente vinculado a la autorización de conciertos educativos y a la financiación de centros concertados. Por lo tanto, dirigía y supervisaba toda la tramitación. La resolución provisional de qué centros se concertaban se emitió el 30 de abril de 2025, y a raíz de esta resolución se dio luz verde a la resolución definitiva.
Compromís considera especialmente grave que Carmen Ortí, responsable directa de la tramitación de estos conciertos cuando era subdirectora, eludiera sus responsabilidades y no activara los mecanismos de control necesarios amparándose en el artículo 61.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que establece literalmente que “en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto, se constituirá una Comisión de conciliación que podrá acordar, por unanimidad, la adopción de las medidas necesarias, dentro del marco legal, para corregir la infracción cometida por el centro concertado”.
Además, Compromís ha tenido acceso a los expedientes de renovación de conciertos que se tramitaron bajo la supervisión de la actual consejera *Ortí cuando era subdirectora y ha corroborado que había informes desfavorables de la Dirección General de Innovación e inclusión Educativa a la mayoría de los centros que segregan, entre ellos el Altozano de Alicante. En estos informes se advierte que no cumplen con los requisitos exigidos en relación con experiencias de interés pedagógico.
La coalición valencianista ha denunciado también que cuando José Antonio Rovira era consejero de Educación no solo no actuó ante estas irregularidades instigadas por Carmen Ortí, sino que además mintió en respuesta parlamentaria, cuando a la pregunta de si tenía constancia de centros que segregaban por sexo contestó literalmente el 25 de septiembre de 2025 que “ningún centro privado, en los niveles que tiene concertados, segrega su alumnado por sexo”.
El portavoz de Educación de Compromís ha concluido que “el consejero Rovira nos ha mentido en respuesta parlamentaria, cosa que puede ser constitutiva de delito. Si él y la actual consejera no quieren asumir voluntariamente sus responsabilidades, tendrán que hacerlo a los tribunales”.