Esther Díez recibe las propuestas de la organización para blindar este derecho constitucional frente a la especulación
La portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, ha explicado hoy que “nos hemos comprometido a seguir defendiendo las medidas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el objetivo de que se desplieguen las políticas públicas imprescindibles que faciliten el acceso a la vivienda de los ilicitanos e ilicitanas, ante un aumento desmesurado de los precios”.
Díez ha realizado estas declaraciones tras el encuentro que ha mantenido con esta organización social en la sede del grupo municipal y en la que ha recibido las iniciativas que plantea la PAH en esta materia.
En este sentido, la portavoz municipal ha indicado que “ambas organizaciones hemos convenido la importancia de aumentar las promociones de vivienda pública y que se destinen a alquiler social y asequible, además de instar a la Generalitat Valenciana a recuperar la fórmula del tanteo y retracto para poder aumentar este parque público”.
Díez ha afirmado que “la PAH también destacó la necesidad de que el Ayuntamiento siga adquiriendo viviendas de la SAREB, algo que apoyamos totalmente desde Compromís, y abordamos también la importancia de que aumenten las inspecciones para que los grandes propietarios, que cuentan con diez o más inmuebles vacíos, paguen el impuesto que regula la ley autonómica de Vivienda o pongan esas casas en circulación”.
La portavoz municipal ha señalado, a su vez, “hemos recogido las propuestas de la PAH sobre la importancia de asegurar un escudo social estable a las personas inquilinas y la importancia de que el Ayuntamiento ejerza su papel de mediador ante las ejecuciones hipotecarias y para la obtención de más pisos que puedan ponerse a disposición de las personas vulnerables”.
Por otro lado, Compromís ha respaldado la demanda de la PAH, que reclama al Gobierno la expropiación de las 25.000 viviendas que los fondos buitre planean vender, una medida que es fundamental para frenar el tensionamiento del mercado y el uso especulativo de la vivienda. La organización también ha subrayado la necesidad de recuperar los 65.000 millones de euros que han sido destinados al rescate bancario, recursos públicos que podrían destinarse a garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.
Para Esther Díez, “ha sido un encuentro muy productivo en el que hemos desgranado la importancia de estas políticas de vivienda que puedan poner freno al auge desmesurado de los precios”. Y ha añadido que “tenemos un alcalde, Pablo Ruz, que vota en contra sistemáticamente de todas las iniciativas de esta naturaleza que presentamos desde Compromís, pero vamos a seguir insistiendo en la urgencia de que las administraciones públicas intervengan para garantizar este derecho a la vivienda frente a la ley de la selva que quieren PP y Vox”.