La coalición apuesta por proteger a la ciudadanía a la ley de consumo y universalizar un servicio para que ninguna persona quede excluida y los bancos y cajas estén obligados a atender a toda la población
Compromís ha presentado esta mañana en Elche la campaña 0% de interés, iniciativa que persigue fomentar el debate público sobre los planes de la coalición para crear una banca que mire por pymes y personas más allá del ámbito privado del mercado y para que la administración inicie el proceso para reconocer el carácter universal de los servicios bancarios.
La campaña ha empezado a rodar en la Corredora y la Plaça de Baix y ha contado con la presencia de militantes de base de Compromís y diferentes cargos representantes como la síndica adjunta en Les Corts, Aitana Mas; los concejales del grupo municipal de Compromís per Elx; Esther Díez y Felip Sánchez y la coportavoz del colectivo local; Marian Campello.
Entre las iniciativas destacadas por los representantes de la coalición, se encuentran diferentes acciones políticas en el ámbito administrativo para que la ley de consumo proteja a la clientela de los bancos, no sólo los mayores sino cualquier persona que tenga problemas en su relación con el banco y quiera ser atendida presencialmente.
«El desinterés de la banca por los ciudadanos y ciudadanas es una situación que vamos sufriendo desde hace tiempo, en unos momentos en los que la banca está teniendo unos intereses muy elevados y vemos cómo cada vez se cierran más sucursales y el acceso de la ciudadanía es complicadísimo, sobre todo, para la gente que no tiene acceso digital a cuestiones del día a día cómo puede ser pagar facturas, queremos recordar que no estamos en un momento de crisis para el mundo financiero, que Ana Botín está cobrando doce millones al año y al mismo tiempo lo que hacen, desgraciadamente, es recortar recursos para la ciudadanía así como puestos de trabajo en las entidades bancarias», ha manifestado la coportavoz de Compromís Elx, Marian Campello.
Tal y como ha explicado la síndica en las Corts Valencianes, Aitana Mas, «a los bancos se les ha dado 100.000 millones de euros, una cifra que se dice muy pronto, pero que es muy larga y no ha habido una responsabilidad social de ‘ese dinero de todos los españoles y españolas’ Más de 3.000 oficinas sólo en la Comunitat Valenciana han sido cerradas, sólo el 45% de los municipios de la Comunitat tienen oficinas presenciales y desde Compromís lo que queremos es que haya una ley estatal que diga que los servicios bancarios son un derecho universal. Que en la ley de consumo se puedan blindar dos cuestiones: ampliar la atención presencial de esas personas usuarias de las entidades bancarias y garantizar una atención presencial.Y por último, hemos registrado en las Corts Valencianes una propuesta para la creación de una banca pública valenciana porque entendemos que al igual que el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) ha sido un elemento clave en pandemia para garantizar que las empresas y autónomos tuvieran un modo de o tener recursos a unos intereses muy bajos y entendemos que una banca valenciana sería un revulsivo para garantizar los derechos a la ciudadanía».
El portavoz adjunto del grupo municipal de Compromís Elx, Felip Sànchez, se ha referido a la particularidad del municipio de Elche y las pedanías ilicitanas donde han desaparecido las oficinas incluso los cajeros automáticos en un área donde viven más de 40.000 personas y donde los cajeros no pueden garantizar la atención que necesitamos. En los barrios también podemos ver que van desapareciendo las entidades y, al mismo tiempo, los gastos aumentan año tras año sin tener los servicios que antes teníamos. Exigimos la obligatoriedad de la atención presencial a todas las personas para que cada vez más los bancos expulsen a la gente, nos ven como mera mercancía a la que le pueden vender sus productos y deben ser un servicio esencial».
1.000 cierres de oficina en la provincia de Alicante
Desde que en 2009 los bancos recibieron 100.000 millones de euros de rescate con dinero público, las entidades bancarias han dejado solo en las comarcas alicantinas a 57 municipios sin acceso a una oficina bancaria, habiendo cerrado más de 1.000 oficinas en la provincia y más de 3.000 en la Comunitat.