En un contexto actual en el que se están levantado movimientos y grupos de personas que ensalzan el racismo, la discriminación de las personas por cuestiones de procedencia, religión u orientación sexual, tanto a nivel estatal como europeo, Compromís per Elx lleva al pleno municipal de octubre una moción para declarar Elx libre de fascismo, racismo y xenofobia.
El grupo municipal de Compromís propone definir y aplicar de forma inmediata el cumplimiento de normativas, licencias de actividades en vía pública y ordenanzas de espacios públicos que conduzcan a la prohibición de cualquier actividad discriminatoria o que fomente el odio a determinados grupos de población por motivos étnicos, de procedencia o de orientación sexual y la regularización de un régimen sancionador.
Para la portavoz adjunta del grupo municipal, Esther Diez, «las administraciones han de velar por el respeto a los derechos humanos, así como la igualdad de derechos y deberes, garantizando así una ciudadanía basada en el pluralismo y el civismo como norma de convivencia, así como unas condiciones sociales que garanticen la igualdad de oportunidades efectiva, junto a la eliminación de toda discriminación a causa de condiciones o circunstancias arbitrarias».
Así mismo, la portavoz ha indicado “la preocupación en el municipio donde desde hace un tiempo han comenzado a realizarse actividades propagandísticas que promueven el odio hacia las minorías, muy especialmente hacia aquellas que provienen de otros países, pertenecen a otras etnias o profesan otra religión distinta a la mayoritaria. Dichas actividades tienen como base una ideología racista que se apoya en la difusión de rumores falsos, sin ningún fundamento, respecto a la población inmigrante y perteneciente a alguna minoría, con tal de culpabilizarlos de la crisis social y económica, y cuyo objeto último es la división de la sociedad y la promoción de política antidemocrática”.
Es por ello, que desde el grupo municipal de Compromís per Elx se llevará al debate del pleno esta moción que debería contar con el apoyo de todos los grupos y poder velar desde las administraciones por los derechos humanos de todas las personas, porque es una responsabilidad pública garantizar que todas las personas tengan derecho a vivir con seguridad, dignidad y autonomía, libres de explotación, de maltratos y de todo tipo de discriminación, y a desarrollar libremente su personalidad y sus potenciales personales.