El grupo municipal de Compromís per Elx llevará al Pleno de noviembre una moción de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) para solicitar “la tramitación urgente de la Ley de Vivienda en la Comunidad Valenciana que resuelva de una vez por todas los problemas de emergencia habitacional”.
Desde Compromís per Elx queremos que la PAH tenga voz en el salón de plenos y por eso hemos registrado su moción para que sea debatida en el Pleno del mes de noviembre, una iniciativa que esperamos que cuente con el apoyo de todos los grupos municipales, ya que lo que pide en definitiva es el derecho de todo ciudadano y ciudadana a acceder a una vivienda y a tener unas condiciones de vida dignas.
La plataforma considera imprescindible la urgencia en la tramitación de esta norma que el Gobierno valenciano ya tiene en marcha, e incluyen medidas para que la Ley de la Función Social de la Vivienda siente bases sólidas para la solución definitiva del derecho humano y constitucional a la vivienda.
«El Gobierno valenciano ha dado máxima prioridad a la tramitación de la Ley de Función Social de la Vivienda con la que pretende hacer efectivo el derecho de las personas a una vivienda asequible y digna y entendemos que las medidas que propone la PAH en su moción vienen a complementar el trabajo que se está realizando por parte del Consell y contribuyen a hacer del acceso a la vivienda un derecho que no vuelva a verse quebrantado«, ha explicado la portavoz adjunta de Compromís per Elx, Esther Díez.
En este sentido, Compromís instará al Ajuntament d’Elx a que acuerde exigir una Ley que contemple la paralización de los desahucios hipotecarios y por alquiler a familias que no tengan alternativa habitacional. Que incluya la oferta de alquiler social de los bancos y grandes inmobiliarias, el realojamiento por parte de las administraciones públicas de las familias en riesgo de exclusión, así como un alquiler social acorde con los ingresos de la unidad de convivencia.
Además de medidas contra el endeudamiento de los hogares “por causas sobrevenidas desde la crisis”. La creación de un parque público de viviendas de alquiler social en el que la banca asuma su parte de responsabilidad o la creación de mecanismos para garantizar el acceso al agua, luz, gas e Internet a las familias de exclusión social.
Otra de las propuestas es mejorar la protección de los deudores como consumidores y solicitar a les Corts Valencianes que insten al Gobierno del Estado a hacer los cambios necesarios que faciliten el derecho a las viviendas en las leyes de competencia estatal.