Hoy se conmemora alrededor del mundo el 67 aniversario desde que se aprobó en las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más de medio siglo después todavía nos encontramos lejos del objetivo de hacer realmente una declaración universal, no en referencia solo a su aplicación en lejanos países, aquí mismo en España hemos sido testigos durante los últimos años de un terrible retroceso en el cumplimiento de estos derechos.
Si nos ceñimos a la definición de derechos humanos que nos brinda la ONU nos dice que éstos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Se trata, en definitiva, de derechos elementales que sirven para realizarnos como personas.
El actual gobierno de Mariano Rajoy parece haber emprendido durante todo su mandato una cruzada ideológica contra la declaración, especialmente contra el artículo 25, aquel que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad…” .
Durante esta última legislatura hemos visto como más de 100.000 familias han sido expulsadas de su vivienda habitual según cifras proporcionadas por el Banco de España. Mientras tanto, un 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en el Estado Español. Gente sin casa y casas sin gente, todo esto en un contexto en el que el Tribunal de Cuentas cifra las ayudas al sector bancario en más de 100.000 millones de euros. Son números mareantes, indecentes e indignantes. ¿Cómo puede una persona realizarse sin un techo propio y además ahogado por las deudas con los bancos?
Hemos asistido durante estos años de gobierno popular, además, a recortes superiores a 1.400 millones en el sistema de dependencia. A la generalización del copago sanitario, a recortes en el sistema educativo y a un empobrecimiento general de la población, que se ceba principalmente con los grupos más débiles, con uno de cada tres niños viviendo en situación de pobreza. ¿Cómo puede una persona realizarse si está en situación de dependencia en este país?, ¿cómo puede considerarse la sanidad un derecho si hay que pagar por ella?, ¿y la educación?
Cuando se produjo el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana se pactó que uno de los pilares básicos que deberían guiar la acción del nuevo gabinete era el de rescatar personas. En este marco, se procedió a extender el acceso a la sanidad a todos los residentes en la Comunidad Valenciana sin tener en cuenta su procedencia, color de piel, sexo, o condición social. ¿Cuál fue la respuesta de Mariano Rajoy? Recurrir el decreto de sanidad universal al Tribunal Constitucional. Ninguna sorpresa a estas alturas.
Que Rajoy quiera justificar todas estas acciones hablando sobre el cumplimiento del objetivo de déficit con Europa, gobernando el país de los aeropuertos sin aviones, los AVEs sin sentido, las ayudas a los bancos o el disparatado presupuesto en defensa (con un ministro muy bien relacionado con las empresas armamentísticas, eso sí) es simplemente inaceptable.
Su último ataque a los derechos humanos ha sido la ya conocida como “Ley Mordaza”. En un informe elaborado por Naciones Unidas se destaca que dicha ley puede tener un efecto disuasorio para el uso de la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
La legislatura de 2011-2015 será recordada como un período de retrocesos en todos los sentidos. Una legislatura donde la pobreza y el BOE se han aliado para dejar fuera del sistema a miles de personas y recortar libertades que hasta ahora creíamos aseguradas. Por suerte esta legislatura nos deja algo bueno: la posibilidad de que no haya una segunda parte. El día 20 de diciembre tenemos una cita con las urnas que nos da la posibilidad de reivindicar aquel texto aprobado por la asamblea general de Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. En nuestras manos está. Es nuestro momento.
Mireia Mollà/Antonio Garcia