Mireia Mollà pide el replanteamiento de las ayudas del Consell para no generar agravio comparativo entre las empresas que se instalen en Elche o en Alicante
La concejala de Representación Institucional del Ajuntament d’Elx y diputada de Compromís, Mireia Mollà, se ha congratulado por el respaldo que el President de la Generalitat, Ximo Puig, brindó este miércoles a las diversas iniciativas que el consistorio ilicitano viene desarrollando dentro del plan estratégico ELX 2030. Particularmente Puig se refirió a la construcción del Campus Tecnológico por parte de la empresa municipal PIMESA en los terrenos de ampliación del Parque Empresarial de Torrellano.
Mollà ha recordado la importancia de este Campus destinado a la ubicación de empresas tecnológicas y la creación de empleo especializado, al tiempo que ha resaltado que el desarrollo de este proyecto se financia íntegramente con fondos propios y cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH) que impulsa el establecimiento en Elx de empresas vinculadas a la tecnología y la economía digital.
Por todo ello, ha señalado la situación de “discriminación” a la que pueden verse sometidas las empresas digitales que decidan implantarse en Elx frente a las que decidan hacerlo en Alicante auspiciadas por las ayudas económicas que el Consell concede a la creación del denominado como Distrito Digital.
Al respecto, Mollà recuerda que “la convocatoria pública de ayudas para la creación del Distrito Digital, publicadas en el Diari Oficial el 9 de marzo, faculta a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) a conceder incentivos de hasta 40.000 euros para aquellas empresas que creen una oficina permanente y contraten a tres personas”. Si bien las bases de estas ayudas públicas marcan que su objetivo es “la creación de un distrito digital en la Comunitat Valenciana y en concreto en la provincia de Alicante”, lo cierto es que el mismo texto especifica más adelante que la SPTCV “pondrá a disposición de los adjudicatarios espacios de oficinas debidamente dotados en la ciudad de Alicante”.
De esta manera las instalaciones disponibles para el Distrito Digital son las mismas que la sede de la Sociedad Proyectos Temáticos, es decir, Ciudad de la Luz, centro que tras la sanción en 2012 de la Comisión de la Competencia de la UE inició un tortuoso proceso legal que se saldó el año pasado con la dación en pago de las instalaciones a la propia SPTCV.
No obstante, lo cierto es que los incentivos económicos para la ubicación en Alicante de empresas digitales se han visto incrementados todavía más gracias al anuncio en las pasadas semanas por parte de SPTCV de la creación de un Centro de Gaming y Sports en el Distrito Digital que contaría con financiación pública de hasta 600.000 euros a fin de obtener un total de 1,3 millones de euros de capital total para una empresa que, a pesar de las ayudas públicas, contaría con una propiedad mayoritaria, del 55%, en manos de la iniciativa privada.
Se da la circunstancia que exactamente ese importe, 1,3 millones de euros, es el mismo que destina la empresa pública ilicitana PIMESA a la construcción de los 92.000 metros cuadrados con los que contará el Campus Tecnológico de Elche, 53.000 de los cuales se destinarán a la instalación de empresas vinculadas a la economía digital.
Por todo ello Mollà destaca el “agravio comparativo” que se está estableciendo entre el apoyo a una iniciativa y otra y ha exigido un replanteamiento de las ayudas e incentivos, más teniendo en cuenta que la convocatoria actual marca dos tramos, uno inicial al que se habrían destinado 2.500.000 millones de euros y otro nuevo que se iniciará a partir del próximo 30 de junio al que se sumará otro millón más. En opinión de Mollà, “esas ayudas deberían destinarse a la ubicación de empresas y la generación de empleo de calidad sin crear fronteras artificiales entre poblaciones que deben competir conjuntamente en un mundo global”.
Mollà ha señalado también que “el mejor apoyo autonómico a iniciativas como el Campus Tecnológico de Elche debe ser el trato igualitario con otros proyectos, la superación de errores y discriminaciones del pasado y el impulso común a través de las ayudas financiadas con los impuestos de toda la ciudadanía valenciana”.