Mollà: “El Consell debe asumir otro pufo más del Partido Popular en materia de residuos”

Una sentencia condena a la Generalitat por la rescisión del contrato de las obras de sellado del vertedero ilicitano, El Puntal del Búho, en la época en la que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, estaba al frente de la Conselleria

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx y diputada en les Corts Valencianes, Mireia Mollà, ha denunciado “la nefasta gestión del PP en materia de residuos tras la intervención en el pleno de Corts de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, quien ha hecho público que una vez más la Justicia señala la irresponsabilidad y la opaca gestión del Partido Popular en cuestión de residuos, en este caso, con las obras de sellado del vertedero El Puntal del Búho en Elche”.

El vertedero del Puntal del Búho, situado junto al Pantano de Elche, inició las obras de sellado y restauración medioambiental en 2011 bajo un Plan Confianza de la Generalitat Valenciana y dotado con 1,7 millones de euros. Estos trabajos jamás fueron finalizados por los impagos de la Conselleria de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente, en aquel momento en manos de la hoy presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. Ante esta situación, la empresa encargada del sellado del vertedero pausó los trabajos, entró en concurso de acreedores y la exconsellera Bonig efectuó la rescisión del contrato de dichas obras alegando incumplimiento de la adjudicataria.

Para Mollà, “resulta inasumible que la misma Generalitat adjudique la obra y que después olvide sus responsabilidades contractuales al no efectuar los pagos a la empresa encargada de su ejecución, dejando abandonada una obra tan importante como es el sellado del vertedero y la recuperación vegetal de su entorno. Los que decían ser los amigos de los empresarios, los que venían a gestionar, obviaron sus responsabilidades contractuales siendo la administración pública la que hundió a los proveedores con sus impagos”.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condena por esta decisión a la Generalitat a acabar las obras que serán mucho más costosas por la degradación del espacio durante todos estos años”, ha explicado la portavoz quien también ha señalado “la ironía de este plan estrella del expresidente Francisco Camps, denominado Plan Confianza, para después no efectuar los pagos a las empresas que confiaron en su administración y llevarlas a la ruina. Aunque fueron más allá y la entonces consellera Isabel Bonig dictaminó la resolución en 2014 por la cual se resolvía el contrato y además solicitaba indemnización a la empresa por daños y perjuicios. Pues bien, ahora es la Justicia quien dictamina, da la razón a la empresa y señala a la administración valenciana como la única responsable, lo que supondrá el desembolso de cerca de 700.000 euros de las arcas públicas de la Generalitat”, ha sentenciado Mollà.

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