Moción de Compromís para acabar con las deficiencias en el servicio público postal de Correos

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva a pleno una moción para instar al Ministerio de Hacienda, propietario del servicio público postal de Correos, a aprobar definitivamente el Plan Estratégico que permita la adaptación empresarial a las necesidades de la demanda ciudadana y para denunciar el recorte sistemático del Estado en este servicio que está provocando la merma de la prestación, en el caso ilicitano, de manera muy grave en el Camp d’Elx.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 vuelve a recortar en un tercio la cuantía que recortó en 2017, un 66% lo que supone una reducción en la financiación de 120 millones de euros. Este servicio postal público deficitario en buena parte del territorio, en Elx lo es especialmente en ámbitos no urbanos como son las pedanías ilicitanas.

Además, el Estado adeuda por este concepto a la empresa postal pública más de 250 millones de euros correspondientes a ejercicios de los últimos años. El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. “En nuestra provincia, el ajuste podrá implicar casi 600 carteros suprimidos, dejar el Camp d’Elx sin reparto regular, a sus ciudadanos, comercios y pequeñas y medianas empresas , afectadas por la pérdida o debilitamiento del servicio postal y más de 800 kilómetros de reparto recortado. Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de zonas rurales, entornos diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos en los que el servicio prestado por Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas como la supresión del mismo”, ha explicado la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Mireia Mollà.

Es por todo lo expuesto que Compromís per Elx instará al Ajuntament d’Elx a manifestar su total rechazo a este recorte en la financiación que afectará gravemente al Camp d’Elx implicando una desigualdad manifiesta respecto a ámbitos urbanos y grandes centros de población. Además, instamos al Gobierno, como máximo responsable en la determinación de recursos destinados a garantizar el servicio de Correos a la ciudadanía, a corregir, en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un recorte que está teniendo consecuencias claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, exigimos la restitución de los 120 millones de euros recortados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la empresa pública y desbloquear el convenio colectivo y acuerdo funcionarial, bloqueado desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60.000 trabajadores/as.

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