El grupo municipal de Compromís per Elx llevará al Pleno de febrero una moción para que Ajuntament d’Elx inste al Gobierno central a que regrese al Pacto de Toledo y adopte las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la sostenibilidad del sistema, una medida que por justicia les corresponde.

Una vez más, el Gobierno central vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit. De esta manera, la fórmula de revalorización incluida en la Ley en la que se mantiene una revalorización mínima del 0,25% para los años de dificultad económica del sistema y una revalorización máxima del IPC+ 0,50%, para años en que la situación económica mejore, es una medida que supondrá una pérdida importante del poder adquisitivo de este colectivo en los próximos años.

“Con esta política de ajustes”, explica la portavoz adjunta del grupo municipal, Esther Díez, “se están intensificando los efectos negativos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Además estas medidas tienen unas consecuencias muy negativas en la vida de las personas de 65 y más años, que están siendo demoledoras, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la exclusión social”.

Para Compromís este panorama sitúa en el centro de nuestras preocupaciones la insuficiencia de ingresos del sistema y le decimos al Gobierno que trabaje en la urgente necesidad de abordar este problema con una combinación de medidas sobre las fuentes tradicionales de ingresos, las cotizaciones, y el uso de fuentes adicionales de financiación del sistema, para abordar la actual coyuntura de pérdida de ingresos asociada a la masiva destrucción de empleo y al consumo anticipado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Por todo ello llevamos a Pleno esta moción que además insta también a rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno estatal a que la rectifique.